En dicha oportunidad Núñez Leiva propuso que el bien jurídico protegido por el Derecho de Acceso a Información Público admite instrumentalización en favor de intereses exigibles tanto en contra del Estado como respecto de particulares y que su diseño instucional de garantías debe tener en cuenta tal característica.

Esta actividad se realizará el miércoles 10 de noviembre de 2010, a las 18:30 horas, en el Salón Aula Magna de la Universidad Católica Silva Henríquez(General Jofré N°462, Santiago).

Paulatinamente el Consejo para la Transparencia (en adelante “el Consejo”) se hace notar. A comienzos de este año, cuando cualquier persona se refería a dicha institución, dos eran las posibles respuestas: “¿Consejo para que?” o bien, “ah si, los de ese informe con que Frei quiso acusar a Piñera de poco Transparente”. Hoy, aunque con certeza no todos conozcan de su existencia, el Consejo mediante su propia labor y gracias al respaldo que las Cortes de Apelaciones le han dado, está logrando remontar el completo anonimato. ¿Cómo ha hecho?

En términos sencillos, de conformidad a la Ley de Transparencia, cualquier persona tiene derecho a solicitar informaciones públicas a la administración del Estado. Cuando el órgano receptor de la solicitud no responde a ella o se niega a entregar los antecedentes, quien los pide tiene derecho a reclamar ante el Consejo para la Transparencia. Dicha institución, resolverá si la negativa a entregar la información está legalmente justificada, o si se trata de antecedentes públicos, en cuyo caso requerirá su entrega inmediata. Aquel que se sienta perjudicado por una resolución del Consejo puede reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, tribunal que evaluará si lo resuelto por tal órgano se ajusta o no a Derecho.

¿De que casos estamos hablando? Por ejemplo, sostenidamente el Consejo viene afirmando que, pese a su oposición, las Corporaciones Municipales deben someterse a la Ley de Transparencia. Así lo ha decretado en numerosos casos, cuatro de los cuales fueron impugnados ante distintas Cortes de Apelaciones, todos con idéntico resultado. Se ratificó el criterio del Consejo.

¿Cuál es la buena noticia? Que cualquier ciudadano atento puede fiscalizar el correcto funcionamiento de aquellas corporaciones a las cuales la ley ha encomendado tareas tan sensibles como educación y salud.

Otro ejemplo. El caso de las memorias y balances de Corporaciones y Fundaciones. Una periodista de CIPER Chile, solicitó al Ministerio de Justicia información sobre actas, memorias y balances de Fundación Futuro. Ante la oposición de esta última, el Ministerio no entregó los antecedentes solicitados. Conociendo del asunto, el Consejo ordenó la entrega de dicha información. Luego resolviendo un recurso interpuesto por la fundación Futuro en contra de la decisión del Consejo, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó el criterio de este último, sentenciando que son públicos las memorias y los balances de corporaciones y fundaciones que estén en poder del Ministerio de Justicia.

Por último, el 30 de septiembre, el Consejo para la Transparencia requirió al Ministerio del Interior la entrega de toda aquella información referida al denominado “Plan de Intervención de la población La Legua”. Decisión que confirma que – en un Estado de Derecho – aun cuando se invoquen buenas razones para actuar, gracias al principio de transparencia, los ciudadanos tenemos el derecho a verificar si aquellas razones son o no ciertas.

En síntesis, este Consejo para la Transparencia merece atención, especialmente su Dirección Jurídica, gran responsable de estos aciertos. Y no sólo atención de parte de la ciudadanía, sino también del Congreso, quién debe perfeccionar la Ley de Transparencia específicamente en aquellas disposiciones que hoy le plantean obstáculos para cumplir de manera adecuada su labor, además de asegurarle – junto al Presidente de la República – los recursos suficientes para continuar contribuyendo de forma imparcial e independiente con el Estado de Derecho.

J. Ignacio Núñez Leiva.

Director de Iniciativa Transparencia.

Miriam es Abogado, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad de Santiago de Compostela, España. Profesora de Fuentes del Derecho, LLM Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Profesora Derecho Constitucional de las Universidades Alberto Hurtado, Andrés Bello y De Las Américas.

Noticia publicada en El Mostrador el miércoles 29 de Septiembre:

Las sesiones de las comisiones parlamentarias, donde se discuten los proyectos de ley a fondo, se reciben las opiniones de expertos y se ofrecen audiencias a organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas, son la instancia más relevante dentro de la discusión legislativa y hoy, tras la entrada en vigencia de la ley 20.447 –el pasado 3 de julio – le cierran las puertas al público. “Esta ley va en contra de todos los principios que hoy existen en materia de transparencia. Porque la tendencia es la apertura y la excepción es la reserva”, afirma Ana Bascuñan, encargada del monitoreo legislativo de Vota Inteligente –organización que pretende transparentar la gestión política.

La ley 20.477 consiste en una serie de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) 18918, que rige al Congreso Nacional. Es una ley muy amplia y a pesar de que avanzó en temas de transparencia y acceso a la información del trabajo legislativo, al hacer públicas las discusiones en la sala, retrocedió fuertemente frente a las comisiones de trabajo, donde en el artículo 5 A se dictamina que: “Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros” y por otro lado señala que: “Los materiales de registro de las secretarías de las comisiones y de los comités parlamentarios, tales como grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a esa labor, no serán públicos.

Hoy las comisiones deben entregar un informe que resume la labor realizada en las sesiones, es decir, tienen que exponer los principales argumentos de la discusión y la votación de los proyectos. Pero esto no es suficiente para la transparencia, como afirma Ana Bascuñan –quien desde marzo sigue los movimientos legislativos – porque hoy para saber qué pasó en el debate de la comisión, se debe esperar a que finalicen todas las sesiones para que emitan un informe y por ende, no se puede hacer un seguimiento regular del trabajo. Por otro lado, Bascuñan alega que estos informes están muy “editados” y “muchas veces aparecen las votaciones de la comisión, pero no dice quién votó a favor y quién en contra…”.

No es raro entonces que Raúl Urrutia, presidente del Consejo para la Transparencia, haya dicho que “el poder que más ha costado que se incorpore a la transparencia, ha sido el poder legislativo”, como afirmó el viernes pasado en entrevista con El Mostrador TV.

El Congreso no se rige por la Ley de Transparencia, y según Moisés Sánchez, director ejecutivo de Fundación Pro Acceso, una de las razones de esto fue que se iba a regular al Congreso “en la Ley Orgánica Constitucional y se entendía que iba a respetar los mismos estándares (que la Ley de Transparencia)”. Frente a esto, Sánchez agrega que “esta ley tiene que ser mejorada en el futuro… hacer un cambio legal que elimine las restricciones a la información en el ámbito de la discusión”.

Partidarios y opositores

 El artículo 5A de la LOC fue votado por una comisión mixta, donde los parlamentarios que votaron a favor de no permitir el acceso del público a las comisiones o registros fueron: Andrés Chadwick (UDI), Pedro Muñoz (PS), Hosaín Sabag (DC), Alberto Cardemil (RN), Guillermo Ceroni (PPD), Edmundo Eluchans (UDI), José A. Gómez (PRSD) y Soledad Alvear (DC). El único parlamentario que votó en contra fue el diputado Jorge Burgos (DC) y hubo sólo una abstención, por parte de Marcelo Díaz (PS).

El principal argumento que utilizaron los parlamentarios que votaron a favor de este artículo, queda reflejado en las palabras del diputado Ceroni: “De esta manera, el debate se puede dar en forma más tranquila y sin presión, para que el legislador emita sus opiniones. Además, el espacio físico de las comisiones, no permite el ingreso de mucha gente”. Por otro lado, el diputado Ceroni asegura que esta ley no atenta contra la transparencia, “en la medida en que se tiene total claridad sobre los argumentos centrales de la discusión, que están presentes en los informes”.

 Pero para el diputado Burgos, quien votó en contra de la disposición contemplada en el artículo 5 A de la LOC, esto va en contra de la transparencia porque considera que “jamás la regla general puede ser el secreto. La regla general debe ser el carácter público de los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, y el secreto debe ser la excepción a la regla, cuando concurran algunos de los supuestos del artículo 8 de la constitución Política de la República”.

También hay parlamentarios que están en la mitad. El diputado Ramón Farías (PPD), se suma al argumento de Ceroni en lo relativo al problema de espacio físico para que las sesiones de las comisiones sean públicas y por otro lado, afirma que le gustaría que todas las sesiones “sean transmitidas por Internet, porque hoy contamos con las cámaras y micrófonos para hacerlo”.

¿Revirtiendo la situación?

 La ley que prohíbe el acceso del público a las comisiones y a las grabaciones de estas, no sólo ha causado molestia por pasar por alto los principios rectores de la transparencia, sino que ha afectado a los integrantes de las comisiones, en la medida en que por ley, sus asesores externos deben permanecer fuera de la sesión. Es por esto, que se presentó un proyecto de ley que pretende fortalecer el trabajo parlamentario y los principios de transparencia, por medio de tres ejes: Facilitar el acceso de público a las Comisiones –al poder acceder a ellas con el consentimiento de la mayoría de los parlamentarios presentes y no la mayoría absoluta; flexibiliza el acceso a los materiales de registro de las comisiones (grabaciones), al determinar que podrán ser públicos tras un acuerdo de los integrantes de la comisión; y regula la asistencia de los asesores legislativos de los parlamentarios.

 Pero este proyecto de ley que fue presentado el 12 de agosto y está en primer trámite constitucional, no soluciona el problema de fondo, que es que la lógica que se está usando en el Congreso es contraria a la que rige la Ley de Transparencia, en la medida en que la regla es el secreto y la excepción la apertura, frente al trabajo de las comisiones. El diputado Burgos, considera que la regla general debería favorecer la publicidad en todo momento de las sesiones, a menos que por acuerdo de la mayoría estas fueran calificadas de secretas, por pertenecer a temas de interés o seguridad nacional.

Un tema pendiente en transparencia y probidad, de la ley 20.447, y que no está contemplado en el nuevo proyecto de ley, es el hecho de que los alegatos por incumplimiento de transparencia de las comisiones, no los ve el Consejo para la Transparencia como en otros casos, sino que es la misma comisión la que tendrá que establecer una comisión de ética y transparencia, la cual determinará si se cometió alguna falta. Para Moisés Sánchez, de la fundación Pro Acceso, esto plantea un problema de independencia: “La comisión de ética y transparencia está integrada por parlamentarios y tiene como fin evaluar a otros parlamentarios… Eso no garantiza la independencia de las decisiones”. “

El sitio web de Gobierno

Consúltelo directamente acá.

El miércoles 22 de septiembre fue publicada la respuesta a dicha carta, cuyo texto se transcribe a continución:

“Señor director:

La diputada Mónica Zalaquett ha hecho alusión a una carta mía de forma inexacta, afirmando que yo habría planteado dudas acerca de las materias del curso Educación Cívica y Economía Doméstica, cuya creación e impartición obligatoria, de quinto básico a cuarto medio, propone un proyecto de ley suscrito por ella y otros diputados.

Mis críticas, sin embargo, no se dirigían a los contenidos que eventualmente se impartan en dicha asignatura, que aún no conocemos, sino a la forma en que aquéllos se determinarían. Según el proyecto de marras, por decreto del Ministerio de Educación.

La educación cívica tiene un alto contenido doctrinario. Implica la transmisión no sólo de conocimientos, sino también de valores. Una educación cívica obligatoria significa que ciertas doctrinas y valores políticos serán transmitidos con respaldo del Estado en todos los establecimientos de enseñanza. Por eso, la forma de seleccionar sus contenidos y de definir los énfasis que en cada uno se imprima es un asunto de capital importancia.

Impartir educación cívica equivale a inculcar la ética pública. Y, en una república democrática la labor de precisar los perfiles de esa ética pública no puede quedar encomendada al gobierno de turno a través del Mineduc. Si así fuere, una muy buena idea -como es impartir educación cívica en forma obligatoria- puede tener malos resultados. Esa es mi crítica.

José Ignacio Núñez Leiva
Prof. de Derecho Constitucional.”

(La carta puede ser leída directamente del Diario La Terecera acá)

“Señor director:

Hace algunos días presenté junto a un grupo de parlamentarios un proyecto de acuerdo para incluir la educación cívica en las mallas educativas, el cual fue aprobado por unanimidad. La buena recepción del proyecto no es gratuita, sino que responde a la necesidad de generar este tipo de espacios en las aulas. Vivimos en un mundo que no siempre entrega las herramientas para que nuestros niños se desarrollen como buenos ciudadanos.

Tras la presentación del proyecto surgieron voces con inquietudes sobre el tratamiento y temáticas del ramo propuesto. Una de ellas fue la del profesor Juan Ignacio Leiva, quien escribió a este diario planteando sus dudas respecto de las materias a tratar. Esta ley la presentamos entendiendo el término “Educación Cívica” como una forma integral de aprender la convivencia de nuestros niños con sus pares y el resto de los actores de la sociedad, así también como parte fundamental de nuestro rol como ciudadanos.

Para nadie es una novedad que nuestro padrón electoral ha envejecido y año a año la clase política se pregunta cómo reencantar a los jóvenes para que participen de la actividad política. ¿Pero cómo queremos hacerlo si ni siquiera les damos las herramientas mínimas para que comprendan la importancia de su rol como ciudadanos?

Adicionalmente, dentro del proyecto de ley incluimos la necesidad de agregar en el currículo la educación financiera ya desde la educación básica. No olvidemos el estudio entregado por Injuv hace dos semanas, que  indicaba que el 50,6% de nuestros jóvenes, entre 15 y 29 años, tiene deudas, y, que peor aún, de este porcentaje, un 57% las tiene impagas. Jóvenes que entiendan la convivencia como un pilar de su vida ciudadana y a la vez sepan utilizar las herramientas del crédito con responsabilidad, es lo que busca nuestra iniciativa legislativa.

Mónica Zalaquett
Diputada UDI”